La campaña, nacida en 1999, es una denuncia pública de aquellas playas o tramos de litoral que sufren vertidos contaminantes, agresiones urbanísticas o cualquier otra actuación que ocasione una pérdida de calidad ambiental del litoral.

Los objetivos de “Banderas Negras” son:

-Dar una información rigurosa a los andaluces, y a todos los usuarios de las playas, del estado ambiental en que se encuentran éstas.
-Requerir a ayuntamientos, a otras administraciones y a empresas, para que contribuyan al saneamiento y conservación de las playas, poniendo fin a la degradación ambiental del litoral.

Las dos calificaciones negativas otorgadas son:
· Bandera Negra: Impactos de mayor gravedad (vertidos contaminantes y/o agresiones urbanísticas).
· Punto Negro: Impactos significativos, pero de menor gravedad.

Los “galardones” concedidos por la Federación Europea de Educación Ambiental, conocidos como “Banderas Azules”, en cambio, carecen de cualquier credibilidad, se basan en meros aspectos turísticos, no realizan inspección alguna y no evalúan con
rigor el estado medioambiental de las playas.
Un artículo de varios profesores de la Universidad de las Islas Baleares, “A critical view of the Blue Flag beaches in Spain using environmental variables”, Mir‐Gual, Pons, Martin‐Prieto y Rodriguez‐Perea, ya alertaba en enero de 2015 de la insolvencia de
estos galardones:
“Los premios de Bandera Azul solo indican la existencia de servicios para los bañistas, pero reconocen una verdadera gestión ambiental y conservación de los estos frágiles sistemas costeros que son las playas. Este tipo de premios no deben exhibirse como ecoetiquetas, sino como meros distintivos de calidad de servicios ofrecidos a los bañistas en playas artificiales y urbanas”.

Ecologistas en Acción reitera su llamamiento a los ciudadanos que visitan y usan las maravillosas playas naturales que todavía quedan en nuestro litoral para que exijan de las instituciones responsables el respeto a estos maravillosos parajes. Hay que recordar que la sostenibilidad conlleva un uso y disfrute individual y colectivo de los recursos naturales guiado por el respeto a nuestro entorno, garantizando también su uso y disfrute para futuras generaciones.

También pedimos a la ciudadanía y al conjunto de los visitantes de nuestros espacios costeros que tengan una actitud responsable en el uso de los recursos que nos brinda nuestro privilegiado medio natural. Retirar las basuras a los contenedores más cercanos, respetar la vegetación y los pasos peatonales recomendados, no utilizar vehículos destructores en espacios tan frágiles,… en definitiva, procurar dejar inalterados los espacios que hemos utilizado, es una exigencia ineludible que nos concierne a todos.

NOVEDADES POSITIVAS .-

• Anulación del plan parcial que pretendía urbanizar Valdevaqueros, en Tarifa
  El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado el recurso contencioso‐administrativo interpuesto por Ecologistas en Acción contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento Tarifa de 29 de mayo de 2012 por el que aprobó el Plan Parcial SL1 Valdevaqueros, procediendo a anular dicho Plan Parcial.

El Plan Parcial (PP) de Valdevaqueros pretendía construir una macrourbanización de 740.000 m2 junto a la playa y a la famosa duna de Valdevaqueros, con 350 viviendas y 1.400 plazas hoteleras, provocando un impacto brutal e irreversible en uno de los
litorales más valiosos del sur de Europa.

NOVEDADES NEGATIVAS .-

• Los estragos causados por los temporales del invierno en las playas.

Chiringuito playero azotado por el temporal en la playa Victoria de Cádiz. 28 F 2018

Con la excusa de los efectos de los temporales sobre la costa, se está actuando de forma indiscriminada sobre zonas muy bien conservadas donde nunca se ha dado una playa arenosa, con un grave impacto sobre hábitats de interés como son las praderas
de Posidonia oceánica.
El Ministerio pretende recuperar las playas afectadas por los temporales en las provincias del Sur y del Este de la península, con unas inversiones previstas de 16,5 millones de euros, que con toda probabilidad se tragará el mar de nuevo, como ya está
ocurriendo con los nuevos temporales de esta semana.
Estas actuaciones se están desarrollando a toda velocidad, sin ningún tipo de estudio de impacto ambiental y sin ningún control medioambiental. Para Ecologistas en Acción las actuaciones desarrolladas no están centradas en añadir arena a las playas
erosionadas por los temporales, sino que se están produciendo obras de rellanado de zonas litorales donde nunca ha existido una playa de arena, produciendo en varios casos una gran alarma entre la población vecina.
Ecologistas en Acción denuncia que se aproveche esta situación de alarma por los desperfectos ocurridos en playas turísticas del litoral español para actuar de forma indiscriminada en zonas muy bien conservadas y por motivos nada justificados desde
el punto de vista ambiental o turístico.
Ecologistas en Acción propone la creación de una comisión con las comunidades autónomas y personal experto que evalúe la política a desarrollar a corto y medio plazo, y defina las obras necesarias y su carácter bajo un criterio de sostenibilidad
medioambiental y uso eficiente de los recursos.
Ante el nuevo escenario de cambio climático, aumento de nivel del mar y mayor erosión costera por los temporales, hay que desarrollar una nueva política costera de prevención y reorganización del urbanismo litoral que favorezca los procesos naturales
que protegen de la erosión, como es la presencia de praderas de Posidonia. El Plan Litoral 2017 supone una política de parches que, añadido a la falta de conciencia ambiental existente en la Dirección General de Costas, va a suponer una mayor
degradación de nuestro maltrecho litoral y un gasto económico inútil.
La dinámica natural de las playas está sujeta a procesos naturales de aporte y retirada de arena. Los ríos aportan sedimentos a las costas y el oleaje los redistribuye a lo largo del litoral. Pero la presión urbanística en la costa y los numerosos embalses y presas existentes a lo largo de los cauces fluviales, hacen que se reduzca considerablemente el aporte de arena a las playas. Este proceso provoca que gran parte de la línea de costa vaya retrocediendo y que las playas sufran déficit de arena. La mayor parte de la costa española sufre pérdidas debido a que su balance de arena ha sido alterado por la acción del hombre.
Las realimentaciones de playas no aguantan, en el mejor de los casos, más de cinco años, porque los temporales de Poniente vuelven a llevarse la arena. Además, el equilibrio morfodinámico de las corrientes de invierno (erosivas) y de verano
(sedimentarias) se está alterando con la pérdida de los cordones dunares, que reequilibraban este ciclo. Si a ello unimos que el Cambio Climático está provocando subidas en el nivel del mar que acelerarán los procesos de pérdida de arenas en las
playas, frente a los cuales no sirve de nada la “mitigación” (echar más arena), sino la “adaptación” (recuperar las franjas costeras con sus funciones ecológicas preservadas), comprobamos la sinrazón de Costas y de los Ayuntamientos y el silencio cómplice de la Consejería de Medio Ambiente.

“Regenerando” la playa Granada en Motril

• El retraso considerable y ya crónico en completar las depuradoras que necesitan los municipios litorales.

El objetivo del “vertido cero” fue marcado para 2.015 por la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000). Como valora el Oficio del Defensor del Pueblo Andaluz, formulado en el expediente 15/2067 dirigido a Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, “se están detectando incumplimientos de entidad que hacen prever que no va a ser posible el cumplimiento del mencionado objetivo, lo que conlleva graves consecuencias de naturaleza ambiental en la medida en que se van a seguir realizando vertidos urbanos sin depurar en los cauces de ríos, arroyos, etc., y se continuará provocando la contaminación de las aguas interiores y del mar sin que, por otro lado, se facilite la reutilización del agua vertida. En definitiva, la consecución del ciclo integral del agua, como objetivo inaplazable, quedará sin alcanzarse a la fecha límite fijada”.
Existe una moción del Parlamento de Andalucía que instaba al gobierno andaluz a realizar un balance de todas las infraestructuras de saneamiento y depuración, un estudio de la calidad de las aguas de todos los municipios andaluces, un informe de cómo se ha aplicado el canon de mejora en las infraestructuras hidráulicas de depuración, un impulso en la regeneración de las aguas reutilizadas, una introducción de cláusulas sociales en la contratación de estas obras y un estudio del impacto sobre la salud de las personas de los vertidos sin depuración: una resolución importante.
Pues bien, la mayor parte de estos requerimientos sin ser satisfechos. Ecologistas en Acción trasladó a la Fiscalía en mayo de 2017 su Informe de saneamiento y depuración del ciclo 2013/2015 para denunciar un posible delito en el cobro de la tasa de depuración en aquellos municipios que incumplen la norma.
La Fiscalía abrió Diligencias de Investigación Penal. Igualmente presentó una Queja ante la Comisión Europea denunciando el
incumplimiento del derecho comunitario por la incorrecta depuración en más de 60
municipios andaluces.
Después de hacer público el Informe sobre el grado de cumplimiento de las depuradoras en funcionamiento de las ocho provincias andaluzas, Ecologistas en Acción interpuso una denuncia a la Fiscalía de Medio Ambiente con el objeto de estudiar si existe un posible delito por el cobro de la tasa de depuración en municipios cuyas depuradoras incumplen la normativa que regula los requisitos de los vertidos procedentes de instalaciones de tratamiento secundario.
Se trasladó a Fiscalía el Informe, elaborado a partir de las muestras analíticas de las depuradoras de todas las provincias andaluzas, donde se concluye que en el año 2015 (último año recibido), el 34% de las depuradoras en funcionamiento no operan
conforme al Real Decreto 509/1996.
Ecologistas en Acción solicitó a la Fiscalía esclarecer el presunto delito que estarían cometiendo los Ayuntamientos andaluces al continuar vertiendo las aguas residuales urbanas a cauce público sin la debida depuración de forma continua, dolosa y haciendo caso omiso a los continuos requerimientos de la Administración competente, infringiendo, además, los requisitos establecidos en las normas aplicables al tratamientos de las aguas residuales urbanas.
Son los Ayuntamientos quienes, en base a la Ley de Régimen Local, están obligados al tratamiento de las aguas residuales y a proteger el medio ambiente y la salud pública, siendo responsables de esta situación los alcaldes y concejales de medio ambiente de cada municipio.
Al mismo tiempo que se denunciaba a la Fiscalía, se presentaba ante la Comisión Europea una Queja por el incumplimiento del Derecho comunitario, sin perjuicio de que puedan evidenciarse otros incumplimientos más adelante. Entendemos que al
menos se pueden estar infringiendo tanto la Directiva 91/271/CEE, que regula el tratamiento de las aguas residuales urbanas como la Directiva Marco de Aguas 2000/60/CE, así como otras disposiciones de derecho comunitario y principios y objetivos de la Unión Europea relacionados con ambas normas. En la citada Queja se indica que los últimos datos correspondientes al año 2015 proyectan un incumplimiento de los valores establecidos en la Directiva 91/271/CEE de un tercio de las depuradoras andaluzas. Esta situación estaría impidiendo el cumplimiento del objetivo de alcanzar el buen estado ecológico que marca la Directiva Marco de Aguas del año 2000.
Y también, Ecologistas en Acción trasladó a la Comisión su preocupación sobre el posible uso incorrecto de los Fondos europeos FEDER, que contenían partidas para las obras de construcción de depuradoras. La propia Junta de Andalucía admite en el
informe publicado a finales del año 2016, que una parte de las actuaciones ejecutadas hasta el 31 de diciembre de 2015 han contado con financiación europea, concretamente con 127,6 millones de euros Por ello, Ecologistas en Acción exige a las distintas Administraciones que establezcan como objetivo prioritario la construcción de las depuradoras que faltan para completar
el vertido cero en nuestra Comunidad, así como que corrijan de inmediato los problemas que presentan aquellas que funcionan mal e incumplen la norma que regula el vertido de las aguas residuales urbanas.
De no hacerlo, las sanciones seguirán llegando, y los continuos vertidos sin depurar afectarán a la salud y al medio ambiente a corto plazo en Andalucía.

La playa de Levante recibiendo los vertidos de aguas residuales. La Línea (Cádiz)

• La Diligencia del Tribunal Supremo declarando nulo de pleno derecho el Plan de Protección del Litoral de Andalucía.

El pasado 6 de junio el Tribunal Supremo dejó sin efecto el Plan de Protección del Corredor Litoral aprobado por el Gobierno andaluz el 26 de mayo de 2015, que ampliaba a 500 metros del mar el veto para realizar nuevas construcciones. En septiembre del año pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anuló la citada norma con el argumento de que el Consejo de Gobierno andaluz la había acordado sin tener autorización para ello porque estaba en funciones y en este punto muerto no podía «introducir nuevas directrices políticas ni, desde luego, condicionar, comprometer o impedir las que deba trazar el que lo sustituya». El TSJA consideraba que el Plan se apartaba «consciente y públicamente» de los planes de ordenación del territorio de Andalucía, alterando «radicalmente» los objetivos y la finalidad de la política territorial en el litoral, constituyendo un «auténtico cambio de modelo» que no puede dictaminar un Gobierno en funciones.
Los objetivos del Plan anulado:
1. Evitar la consolidación de nuevas barreras urbanas entre los espacios interiores y los del sistema litoral.
2. Preservar de la urbanización las zonas con valores ambientales, naturales, paisajísticos, culturales, agrícolas y forestales de los espacios litorales.
3. Favorecer la biodiversidad a través de la continuidad de los espacios del interior con los del litoral.
4. Propiciar el mantenimiento del litoral como recurso turístico básico evitando su colonización con nuevos usos residenciales estacionales.
5. Armonizar la regulación del suelo no urbanizable en el ámbito del Plan, en absoluto son antagónicos ni incompatibles con el anteproyecto de Ley para un Urbanismo Sostenible en Andalucía (LUSA):
a) La minimización de la transformación del suelo por su condición de recurso valioso y no renovable.
b) La protección de los ecosistemas naturales, estableciendo a través del planeamiento urbanístico medidas de protección, puesta en valor e incremento del capital natural, compatibilizando el desarrollo urbanístico con el mantenimiento de la capacidad productiva del territorio, la estabilidad de los sistemas naturales, la preservación de la diversidad biológica y la protección y
mejora del paisaje.
Como no cabe recurso alguno contra el fallo, es hora de que el gobierno andaluz actual, ya no en funciones, subsane esa interinidad, aprobando un nuevo Plan de Protección del Litoral andaluz, con los mismos objetivos del plan suspendido y de la futura LUSA , que en absoluto son contradictorios ni incoherentes con el modelo de turismo sostenible, ciudades compactas y gestión integrada de las zonas costeras, directrices incorporadas a toda la normativa de la Junta de Andalucía.

• Turistificación.

La presión que ejerce la masificación turística sobre el litoral es tan preocupante que se debaten los efectos de la turistificación. Las administraciones se ven presionadas para satisfacer las necesidades de una población foránea que sobrepasa con mucho la
capacidad de carga del sistema local y exige recursos muy por encima de la disponibilidad.
Todavía no se ha realizado el preceptivo estudio de capacidad de carga, tanto para los efectos ambientales como los propios efectos turísticos. La construcción de un paseo peatonal en algunos casos en el interior mismo del propio perímetro del sistema dunar, la instalación de pasarelas de cemento sobre las dunas o la playa, o de madera donde no hay otra solución, la colocación de infraestructuras como bancos, caminos de acceso a torres almenaras, no sólo están afectando y dañando gravemente el hábitat natural de estas dunas, sino que además se está propiciando la intrusión de una actividad turística cuya presión sobre el hábitat afectaría irremediablemente a los especies y ecosistemas de gran valor ecológico.

Medioambientalmente se han hecho daños realmente irreparables. Sólo queda desear y vigilar que los próximos administradores tengan una visión y una práctica política de acuerdo con el desarrollo sostenible y el cuidado de los recursos eco culturales de los que somos depositarios. Es necesario y urgente devolver la proporción posible del estado natural previo a la apisonadora urbanística.

Informes provinciales

Ecologistas en Acción