Un decreto ley elimina duplicidades de trámites y declara inversiones de interés estratégico los proyectos previstos a corto plazo.

El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto ley que establece medidas de simplificación administrativa en materia energética, así como de impulso a los proyectos de energías limpias que se promoverán en Andalucía a corto plazo.

La norma elimina requisitos y evita duplicidades en los trámites, tanto para las edificaciones como para las empresas, además de declarar ‘inversiones de interés estratégico’ las iniciativas de aprovechamiento de fuentes renovables que corresponden a la comunidad autónoma en el marco de las dos últimas subastas convocadas por Administración central. De este modo, se eliminarán obstáculos para el desarrollo estas iniciativas y se favorecerá el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Energética de Andalucía 2020, que marca en el 25% la aportación de las renovables al consumo final bruto de energía en ese año, frente al 17,6% actual.

En relación con la simplificación administrativa, se derogan diversas disposiciones que en su momento fueron pioneras en España pero cuyos trámites repiten normas estatales aprobadas posteriormente, en aplicación de directivas europeas en materia de eficiencia energética y renovables. Así, con el fin de evitar duplicidades de requisitos para las edificaciones y las empresas, el decreto ley modifica el artículo 25 y suprime el 26 y el 27 de la ley autonómica sobre estas materias, en vigor desde 2007, además de derogar el reglamento de desarrollo aprobado en 2011 salvo en lo referido al Registro de Certificados Energéticos.

Ambas normas fueron las primeras en fijar la realización obligatoria de auditorías energéticas en los edificios y en las empresas, además de implantar la etiqueta de eficiencia. Estos requisitos fueron posteriormente implantados a escala nacional por dos reales decretos de 2013 y 2016, reguladores del procedimiento básico para la certificación. En el caso del decreto andaluz de 2011, su derogación elimina también la duplicidad en la exigencia de elaborar plantes de gestión de energía en industrias y edificaciones, ya recogida a nivel estatal.

Con el mismo objetivo de simplificación, también queda sin efecto el decreto vigente desde 2008 sobre procedimientos administrativos vinculados a la energía solar fotovoltaica. Esta norma se basaba en una estatal de 2007 que fue sustituida en 2014 por otra a la que, a partir de ahora, se atendrán las nuevas instalaciones.

Por su parte, la declaración de inversiones de interés estratégico para los nuevos proyectos de renovables, igualmente incorporada en el decreto ley, permitirá agilizar al máximo la tramitación medioambiental y sectorial de las solicitudes para las dos subastas que el extinto Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital convocó en 2017. Esta figura se recoge en la ley autonómica aprobada en 2011 para el fomento de las inversiones empresariales y de la actividad económica en la comunidad.

La medida viene motivada por la actitud restrictiva que la Administración central adoptó respecto a las referidas subastas, que no tuvieron en cuenta el alto potencial andaluz en recursos renovables y sólo asignaron a la comunidad el 5,5% y el 14% del total de proyectos nacionales de cada convocatoria. Además, los promotores cuentan con plazos muy ajustados para cumplimentar las tramitaciones sectoriales y ambientales (6 de agosto y 15 de octubre de 2018), por lo que el Gobierno andaluz ha optado por impulsar, con todos los medios al alcance de sus competencias, aquellas iniciativas que sean viables en términos económicos, sociales y ambientales.

El decreto ley autoriza a las consejerías de Empleo, Empresa y Comercio y de Medio Ambiente y Ordenación de Territorio la contratación de personal interino para atender la agilización de procedimientos prevista.

Actualmente hay solicitados en Andalucía 159 proyectos de energías renovables a Red Eléctrica de España, para un total de 6.570 megawatios de potencia. A partir de la aprobación del decreto ley, la Administración autonómica conocerá cuántos de ellos han sido aprobados en las subastas para poder ser declarados inversiones de interés estratégico.

El decreto ley aprobado por el Consejo permitirá mantener el ritmo de desarrollo de las renovables en Andalucía, cuyo consumo ha aumentado desde 2005 en un 240%, frente al 100% nacional. Durante el mismo periodo, la comunidad ha registrado una disminución del 26% en el uso de combustibles fósiles.

Actualmente, las energías limpias aportan el 17,6% del consumo bruto final, el 39% de la generación eléctrica y el 40% del consumo de electricidad. Andalucía es líder nacional en termosolar de alta temperatura, con el 43% de los 2.300 megawatios instalados en España, y ocupa el segundo lugar en potencia fotovoltaica (890). La comunidad dispone de más de un millón de metros cuadrados de paneles térmicos de baja temperatura y de 3.324 megawatios eólicos instalados. Además, produce la cuarta parte del total nacional en biomasa (2.000 megawatios).