• Este nuevo informe internacional, en el que participa SEO/BirdLife, analiza las políticas de transición energética puestas en marcha por diez países de la Unión Europea
• España, con una estructura política basada en tres niveles administrativos -nacional, autonómico y local-, debe contar con este esfuerzo tripartito para lograr un avance equilibrado hacia una economía descarbonizada, justa y sostenible
• Junto a España, el informe -realizado bajo el paraguas del proyecto Life Unify- presenta conclusiones de Croacia, Chequia, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Polonia, Portugal y Eslovenia, y esboza recomendaciones para toda la UE

Con el actual reparto de competencias entre gobiernos autonómicos, local y central, las comunidades autónomas y municipios son responsables de reducir más del 65% de las emisiones de CO2 que España desprende a la atmósfera en la actualidad, a través de medidas de mitigación, eficiencia, ahorro y adaptación.

Según el último informe del proyecto Life Unify, en el que participa SEO/BirdLife y que analiza las sendas de descarbonización en la UE, España debe mejorar la coherencia de su respuesta multigobierno frente al cambio climático. En particular, el estudio llama la atención sobre el papel de las regiones, dado que no todas cuentan todavía con planes autonómicos de descarbonización a 2030 y su grado de ambición no guarda plena coherencia con los objetivos nacionales y europeos.

El informe también subraya el papel protagonista que pueden tener las ciudades en la acción climática y apremia a la implementación de medidas a escala local. De igual modo, y en especial para aquellos municipios de menor tamaño, recomienda que se destinen fondos y recursos técnicos, aprovechando las líneas de Next Generation, para dotar a las entidades locales de planes de descarbonización a la altura del desafío. Al respecto, urge a que, en la próxima revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que se espera para 2023, se incluyan indicadores y medidas clave para que los ayuntamientos, en el ejercicio de sus competencias, reduzcan emisiones. Entre otras cuestiones, se puede medir el aumento de la energía fotovoltaica instalada en zonas edificadas, el rendimiento de las zonas de bajas emisiones y zonas peatonalizadas, el aumento de espacios que actúen como sumidero de carbono, el uso de transporte público o el aumento y uso de carriles bici.

“En un país descentralizado como el nuestro, -señala David Howell, responsable de Energía y Clima de SEO/BirdLife– la coherencia política entre diferentes niveles de gobierno es vital. Las comunidades autónomas cuentan con importantes competencias para combatir el cambio climático y, en un contexto de emergencia climática, es preciso que pisen el acelerador de la acción y de la coordinación, asegurando una respuesta conjunta y solidaria para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. El clima y, con él, la salud de todos, no puede ser objeto de confrontación Estado-autonomías, como habitualmente viene ocurriendo”.

En el caso de leyes de cambio climático, Baleares, Cataluña o Andalucía cuentan con leyes aprobadas y en fase de desarrollo posterior. Otras, como Asturias o Madrid, no tienen proyectos normativos de este tipo. En el resto, las leyes se encuentran en varias fases de elaboración o tramitación. Respecto a planes o estrategias, mientras en Asturias, Cataluña, La Rioja y Madrid se encuentran en fase de estudios previos o tramitación, el resto de las autonomías cuenta con documentos en vigor con horizonte 2030 o, en los casos de Euskadi, Galicia y Navarra, 2050. SEO/BirdLife ha elaborado sendos mapas autonómicos con esta información detallada.

“Los municipios tienen un papel central en la aceleración de la acción climática y en el avance hacia una economía resiliente y descarbonizada -apunta Ana Márquez, responsable del proyecto Unify en SEO/BirdLife-. Son el nivel de gobierno más cercano a los ciudadanos y, por ello, su papel en la acción climática tiene una incidencia directa y rápida en el bienestar y la calidad de vida de las personas. Hay múltiples medidas identificadas, que dependen en buena medida de la voluntad política de los regidores. Pero, además y muy especialmente en el caso de los municipios pequeños, es preciso articular recursos para facilitar su descarbonización. Los fondos Next Generation representan una oportunidad en este sentido, que España no puede pemitirse perder”.

SEO/BirdLife realizó recientemente una encuesta – la “Encuesta PACES”-, que dio como resultado que un 40% de los 211 municipios españoles participantes en la misma carece todavía de Plan de Acción Climática.

Avanzar en los objetivos a 2030
Además de la acción a escala autonómica y local, el estudio considera fundamental establecer objetivos de reducción de emisiones más ambiciosos para 2030; conseguir que la opinión científica independiente pese más que aquellos intereses empresariales, financieros y políticos que ralentizan la acción climática; hacer un buen uso de los fondos públicos; asegurar que los sumideros naturales de carbono estén adecuadamente protegidos y mejorados (biodiversidad, silvicultura, agricultura, agua, mar…) y que el uso de la tierra urbana y rural, y las políticas de zonificación, favorezcan la reducción de emisiones y el ahorro de energía; impulsar el despliegue de renovables que respeten la biodiversidad y las personas, y garantizar una acción climática decisiva para la agricultura y para los sumideros naturales de carbono.

Sobre Unify
El proyecto Life Unify está promovido por Climate Action Network (CAN) Europe y desarrollado por ONG ambientales repartidas por 10 países europeos, entre ellas SEO/BirdLife. El resto de organizaciones son DOOR (Croacia), CDE – Centre for Transport and Energy (República Checa), Gruppen 92 (Dinamarca), ELF – Estonian Fund for Nature (Estonia), Réseau Action Climat (Francia), Germanwatch (Alemania), Institute for Sustainable Development – ISD (Polonia), ZERO (Portugal) y FOCUS (Eslovenia).