Ante la presentación de la nueva proposición de ley por parte del Partido Popular y VOX:

WWF denuncia el nuevo intento del Gobierno de Moreno Bonilla para legalizar y recompensar a las explotaciones de fresas que expolian el acuífero de Doñana 

• La organización exige al Gobierno andaluz que retire esta propuesta y que ejecute el Plan de la Fresa, aprobado en 2014.

Paco Puentes/WWF España

WWF denuncia que el Partido Popular ha registrado hoy en el Parlamento de Andalucía una nueva proposición de ley para modificar el Plan Especial de la Corona Forestal de Doñana en un nuevo intento de amnistiar a los regantes ilegales ante las próximas elecciones municipales. Para WWF, la actual propuesta, disfrazada de plan de mejora y de recuperación de Doñana, es tan grave e inaceptable como la anterior. Además, supone un incumplimiento de los compromisos del Presidente Moreno Bonilla de proteger Doñana y un nuevo engaño a la sociedad y a los propios agricultores del entorno de Doñana. Asimismo, es una clara provocación a las instituciones europeas que han condenado a España por el grave deterioro de Doñana y el incumplimiento de las recomendaciones de la Unesco. 

El Partido Popular vuelve a poner en riesgo el futuro de Doñana, su biodiversidad y la imagen de las fresas y del sector agrícola del Condado y de Huelva para beneficiar a unos pocos ilegales.

La nueva propuesta carece del consenso de una gran parte de los actores del territorio. Además, ignora la ordenación de los suelos agrícolas de Doñana -secano y regadío- que estableció el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD) en 2004 y que fue incorporada al Plan Especial de la Corona Forestal (PEOFCD) en 2014, también conocido como Plan de la Fresa.

Cabe recordar que ambos planes cuentan con el aval del Consejo de Participación de Doñana y la Unesco. Asimismo, el Plan de la Fresa ha sido admitido por la Comisión Europea como una de las medidas para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra España por el estado crítico en que se encuentra Doñana.

Para WWF, la vía escogida para la modificación del Plan de la Fresa a través de una proposición de ley no tiene justificación. De acuerdo con la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA), la Junta de Andalucía es la competente para la modificación de estos planes sin necesidad de recurrir al Parlamento para la confección de una ley singular.

No existen motivos excepcionales ni necesidad que justifiquen la modificación del Plan mediante una ley singular en el Parlamento de Andalucía y no se conocen antecedentes de ello. Así, por ejemplo, existen 17 planes subregionales de Ordenación del Territorio, entre ellos el POTAD, y ninguno fue aprobado mediante una Ley en el Parlamento de Andalucía, pese a que estos tienen más relevancia e impacto territorial que un Plan Especial como el de la fresa.

A juicio de WWF, el procedimiento elegido para la modificación del Plan de la Fresa por el Gobierno del presidente Moreno Bonilla, solo pretende evitar la participación pública, la normativa de evaluación de impacto ambiental y los informes preceptivos para la aprobación y modificación de los mismos como el de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que ya se ha expresado en contra.

En el procedimiento de aprobación del PEOCFD, la fase de participación pública fue de cinco meses, durante la cual cualquier persona o entidad pudo presentar sus correspondientes alegaciones y aportaciones. Se constituyó una Comisión de Redacción donde no solo participó la Junta de Andalucía, sino también el Estado a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Se dio audiencia a las Administraciones Públicas afectadas y se solicitaron los informes legalmente previstos como preceptivos, entre ellos el del Consejo de Participación de Doñana.

Por último, el Plan Especial se elaboró junto a su Estudio de Impacto Ambiental y se redactó un Informe Previo de Valoración Ambiental. Las medidas correctoras establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental fueron incorporadas al Plan. Así como los requerimientos de los informes sectoriales, entre ellos el correspondiente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que mostraba su conformidad con las estipulaciones del Plan en relación con las competencias estatales en materia de agua.

Estos trámites e informes no existirán en esta tramitación parlamentaria de la modificación del Plan de la Fresa, lo que demuestra que el PP Andaluz y la Junta de Andalucía persiguen un único interés, el amnistiar a un reducido grupo de explotaciones ilegales, que reivindican unos derechos que son inexistentes, sin posibilidad de oposición ciudadana o de informes negativos que pongan en riesgo la modificación por su evidente ilegalidad.

A pesar de haberse presentado más de un centenar de recursos contra el POTAD y el Plan de la Fresa, ninguna sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía o el Tribunal Supremo ha anulado ningún artículo o disposición de los mismos, lo que demuestra que sus normas las normas son legales y justas y los derechos históricos aludidos son inexistentes.

Como los tribunales han sentenciado, no existe ningún derecho histórico a ser considerado como un terreno de regadío -sea con aguas superficiales o subterráneas-, para los que riegan de forma ilegal tierras de secano o para aquellos que han convertido de facto terrenos forestales en agrícolas en el entorno de Doñana.

Por ello, estos regantes ilegales han acudido a la vía de la presión para que sean los políticos, justo antes de las elecciones municipales de mayo, los que cambien las normas para su exclusivo lucro e interés empresarial.

Mientras muchos agricultores legales de las cuencas del Guadalquivir y del Tinto-Odiel-Piedras están teniendo restricciones en sus dotaciones de agua debido a la implacable sequía que afecta a la comunidad andaluza.  Para WWF es inadmisible que el Gobierno de la Junta de Andalucía mire hacia otro lado y en lugar de desmantelar de inmediato, en coordinación con otras administraciones, todos los regadíos ilegales en terrenos de secano y forestales en Doñana, pretenda recompensar a los ilegales otorgándoles la calificación de suelos regables.  Pese a que incumplen flagrantemente las normas de ordenación del territorio de la administración andaluza y están poniendo en claro riesgo el futuro del Parque Nacional y la imagen de la fresa de esta zona en los mercados europeos.

WWF exige nuevamente al Gobierno andaluz que retire esta propuesta y que cumpla con sus competencias y obligaciones legales y ejecute de una vez el Plan de la Fresa en su actual redacción. Con ello se lograría beneficiar al acuífero, los valores universales de Doñana y de la agricultura legal de este territorio, dando solución a muchos de los problemas que ahora mismo se plantean en relación con los regadíos del Condado.

Según Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España: “Este nuevo intento de amnistía a los regantes ilegales en Doñana tiene un carácter claramente electoralista y es una burla para toda la sociedad. Es la misma música que el año pasado, pero con distinta letra y no lo vamos a aceptar”. Y añade: “Lo que se pretende es modificar la ley eliminando la participación pública y los informes técnicos obligatorios en beneficio exclusivo de un colectivo que está extrayendo agua del acuífero de manera absolutamente ilegal desde hace años, contribuyendo al ‘coma ecológico’ en que se encuentra Doñana”.

“Haremos todo lo que esté a nuestro alcance dentro y fuera de España para salvar Doñana. Por ello, desde WWF pedimos al Presidente Moreno Bonilla que detenga este fraude a la sociedad y al Tribunal Europeo de Justicia y se siente lo antes posible con el Gobierno de España para trabajar de verdad en la recuperación que necesita la biodiversidad de Doñana y su acuífero”, concluye.