• El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado asignar a la Unidad Aceleradora de Proyectos de Interés Estratégico de Andalucía el proyecto Atlanterra Golf, ubicado en el término municipal de Tarifa (Cádiz). Ya son tres los proyectos de “interés estratégico” para Andalucía declarados en la provincia de Cádiz, y los tres son macrourbanizaciones con campos de golf. La revolución verde de Moreno Bonilla se ha quedado en el green de los campos de golf. La Junta lo apuesta todo a “agilizar” la especulación urbanística y revitalizar la economía del ladrillo.

Plano del Plan Parcial Cabo Plata en Tarifa

Parece que la Junta no ve más futuro para Andalucía que los campos de golf rodeados de urbanizaciones de lujo. En la provincia de Cádiz se han incluido en esta “Unidad Aceleradora” tres macrourbanizaciones: El Següesal en Barbate, Castellar Golf en Castellar de la Frontera y el Plan Parcial del Sector SA-1 Cabo de Plata, ahora rebautizado como Atlanterra Golf, en Tarifa. Los tres adolecen de graves irregularidades legales.

La Junta de Andalucía y los ayuntamientos de estas tres localidades apuestan por cementar las escasas zonas del litoral gaditano que se salvaron del tsunami de la burbuja inmobiliaria que estalló en 2008, y que provocó una gravísima crisis económica y social. Parece que no han aprendido nada; se les han olvidado las penurias que provocó la especulación y la corrupción urbanística que asoló el país a finales del siglo pasado y principios de éste.

Este proyecto se basa en el desfasado PGOU de Tarifa de 1990, que contempla unas desmesuradas previsiones de crecimientos urbanísticos. Al desastre urbanístico y medioambiental que ha supuesto Atlanterra, con sus 2.500 viviendas, se pretende sumar ahora la urbanización colindante de Cabo de Plata –que fue promovida por Atalaya Desarrollos Inmobiliarios (ahora Grupo Q), Atlanterra A.G. y Cortijo de El Moro S.A.-, con una superficie de 1.279.780 m2, un campo de golf, 1.035 viviendas y 1.372 plazas hoteleras. Además, existe la pretensión de recalificar el colindante Cortijo de El Moro, con una superficie de seis millones de metros cuadrados, para construir otras 1.100 viviendas, 1.350 plazas hoteleras, y dos campos de golf, lo que provocaría un gigantesco impacto ambiental y territorial. Esta zona se encuentra colindante con el Parque Natural del Estrecho y Reserva de la Biosfera, junto a Sierra Plata, que es una de las zonas de mayor valor en arte rupestre de Andalucía. Este Plan Parcial responde a una política urbanística y turística obsoleta, que no es más que el desarrollo en el siglo XXI de la política turística del franquismo, ya que este terreno se incluyó como Suelo Urbanizable en el PGOU en base a la declaración de Centro de Interés Turístico Nacional por el régimen franquista.

Para comprender la desmesura de los crecimientos urbanísticos que incluye el PGOU de Tarifa, baste destacar que contempla 7.538.961 m2 de suelos urbanizables. Teniendo en cuenta que el suelo urbano actual, ya sobredimensionado, es de 4.389.450 m2, lo que se pretende es aumentar el suelo urbanizado en este término municipal en un 171,7%, incluyendo zonas de altísimo valor ecológico y paisajístico, como Valdevaqueros y la playa de Los Lances.

Este tipo de proyectos están en absoluta contraposición con Directivas, Planes y Leyes vigentes: Ley 7/2015 de Suelo y Rehabilitación Urbana, Ley 9/2006 sobre evaluación ambiental de planes (transposición de la Directiva 2001/42/CE) y el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). El Ayuntamiento de Tarifa, en vez de adaptar este PGOU obsoleto a la nueva normativa urbanística y medioambiental, promueve un crecimiento insostenible y la colmatación del litoral en uno de los litorales más privilegiados de Europa.

El Plan Parcial Cabo Plata fue aprobado definitivamente en diciembre de 2008 por la Comisión Provincial de Urbanismo de la Junta de Andalucía. Esta aprobación es nula de pleno derecho al no haberse sometido el proyecto a la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) a lo que obliga la normativa comunitaria y estatal. La omisión de este procedimiento ha sido generalizada en Andalucía, pretendiendo con ello la Junta y los ayuntamientos no tener que someter los proyectos urbanísticos a consultas previas a la ciudadanía, no justificar estos crecimientos desorbitados, no analizar opciones alternativas, no evaluar el impacto ambiental y paisajístico… Pero lo que ha provocado este incumplimiento de la legislación de evaluación ambiental de planes urbanísticos ha sido la anulación en cascada de estos planes aprobados ilegalmente. Baste como ejemplo el Plan Parcial de Valdevaqueros, también en el término de Tarifa, anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sentencia ratificada por el Tribunal Supremo (TS), por carecer de EAE, aceptando el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción.

Hay que destacar también que esta urbanización se aprobó sin tener garantías de abastecimiento de agua; más de 500.000 m3/año que necesitarían el campo de golf, las viviendas y los hoteles. La urbanización colindante de Atlanterra arrastra serios problemas de abastecimiento, que se agravarían con este complejo urbanístico.

Ecologistas en Acción emprenderá todas las acciones legales para impedir este despropósito, que cementaría aún más una zona privilegiada del litoral gaditano.

Ecologistas en Acción