El observatorio de emisiones de SEO/BirdLife rebela el retraso autonómico frente al cambio climático

•  La ONG presenta un portal online que permite ver la evolución de los gases de efecto invernadero en España, además de ofrecer datos sobre consumo energético y penetración de renovables.
• SEO/BirdLife recuerda que la participación coordinada y coherente de los distintos niveles administrativos territoriales es esencial para consolidar el correcto avance hacia la necesaria descarbonización de la economía.

A escasos días de que concluya la COP26 del Clima, en Glasgow, SEO/BirdLife presenta su Observatorio Climático, un portal online que permite ver la evolución de los gases de efecto invernadero en España. La herramienta, creada en el marco del proyecto Life Unify, desglosa datos por sectores y comunidades autónomas, lo que permite analizar los esfuerzos en descarbonización a nivel regional y por actividades económicas. También ofrece datos sobre consumo energético y penetración de renovables. Se trata de una herramienta viva que se irá actualizando año a año con los datos oficiales actualizados para cada indicador.

Entre otras conclusiones,

• Descenso significativo de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2020 en España, por debajo por primera vez de los niveles de 1990. Se observa el impacto de la COVID-19, sumado al incremento de la generación eléctrica con fuentes renovables y la caída en el uso del carbón que han hecho también su parte.
• Sólo nueve autonomías redujeron emisiones entre 2018 y 2019, último año con datos consolidados. Los análisis comparativos desvelan cuestiones como el impacto de la despoblación, la excesiva centralización de la generación energética en el país y los avances desacompasados en descarbonización.
• Todavía hay siete regiones que no cuentan con estrategias o planes autonómicos en materia de clima y/o energía con objetivos específicos a 2030. Esto supone un preocupante retraso en la planificación autonómica, con una dispar contribución a la ambición climática, a pesar de ser clave para establecer una buena ruta de descarbonización y una senda adecuada hacia la neutralidad climática.

SEO/BirdLife recuerda que la participación coordinada y coherente de los distintos niveles administrativos territoriales es esencial para consolidar el correcto avance hacia la descarbonización de la economía que nuestra sociedad necesita para forjarse un futuro sostenible, próspero y resiliente. El papel de las comunidades autónomas es fundamental, dado que cuentan con competencias en todas las variables de la descarbonización, desde la movilidad –principal fuente emisora del país- a la ordenación territorial para asegurar un despliegue ordenado de las renovables, que proteja la naturaleza, también competencia autonómica. Se trata, por tanto, de un acto principal para asegurar una transición ecológica justa y respetuosa con la biodiversidad. SEO/BirdLife apremia a los Ejecutivos autonómicos a actuar de acuerdo con lo que dice la Ciencia y la calle.

Un año 2020 distinto

Las emisiones de gases de efecto invernadero descienden un 13,7% en España en 2020 respecto a 2019, hasta las 271,5 Mt CO2-eq (emisiones brutas totales), por primera vez en la serie un 6,4% por debajo de los niveles de 1990. Este resultado positivo es sobre todo fruto del impacto sobre la actividad económica y el transporte que produjo la irrupción de la pandemia de la COVID-19, aunque es importante destacar también las contribuciones asociadas al incremento de la generación eléctrica con fuentes de origen renovable y la caída en el uso del carbón.

Todos los sectores han reducido sus emisiones en 2020, excepto el del transporte y el agrario. Los sectores ETS adscritos al régimen de comercio de derechos de emisiones han caído un 18,7% en 2020 en comparación con el año anterior, representados mayoritariamente por las centrales energéticas (-17%) y las grandes instalaciones industriales (-12,6%). Las emisiones de los sectores difusos ESR adscritos al sistema de reparto del esfuerzo también experimentan una significativa caída del 10,4%.

Mapa autonómico de emisiones

Entre 2018 y 2019, últimos datos consolidados disponibles, las emisiones brutas bajaron en nueve de las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas del país: Andalucía (-10), Aragón (-4,7), Asturias (-19,4), Illes Balears (-8,6), Islas Canarias (-2,5), Castilla y León (-11,3), Ceuta (-3,2), Comunitat Valenciana (-3,9) y Galicia (-24,5%). En el lado de los incrementos interanuales: Cantabria (+0,4), Castilla-La Mancha (+1,4), Catalunya (+0,7), Extremadura (+0,4), La Rioja (+4,5), Comunidad de Madrid (+2,3), Melilla (+13,3), Navarra (+13,8), Euskadi (+5) y Región de Murcia (+13,8).

Esta variación interanual, según los analistas de Unify, es una radiografía de la diversidad y complejidad de la transición energética, y del rápido impacto que tiene la sustitución de centrales térmicas por el avance renovable, como reflejan –por ejemplo– los significativos descensos que registran Galicia, Asturias y Castilla y León. Hasta la fecha, 2019 fue el año con menor participación del carbón en el mix energético del país. Además, las temperaturas y la laboralidad de ese año hicieron que la demanda de energía cayera un 2,7% respecto del año anterior, por citar dos datos.

En peso absoluto, Andalucía y Catalunya fueron las más emisoras durante 2019, representando respectivamente un 14,9% y un 14% de las emisiones brutas totales. Les siguen Comunitat Valenciana (7,8%), Castilla y León (7,7%) y Comunidad de Madrid (7,2%), Galicia (7,1%) y Asturias (6,2%).

En este caso, los datos también evidencian la diversidad de superficie territorial de la España de las autonomías, el impacto de la despoblación y, también, de la distribución desigual de fuentes emisoras, especialmente en el ámbito energético, centralizado en puntos que, por lo general, distan de los grandes puntos de demanda.

Es una cuestión que también puede observarse si se comparan las emisiones en función de la superficie territorial, donde se aprecia la concentración de población de Melilla (41,9 kt CO2-eq/km2) y Ceuta (19,7 kt CO2-eq/km2) o la dispersión de Extremadura y Castilla La Mancha (0,2 kt CO2-eq/km2, ambas), Castilla y León y Aragón (0,3 kt CO2-eq/km2, las dos) o Andalucía (0,5 kt CO2-eq/km2).

Si se contrastan las emisiones por habitantes, los datos vuelven a reflejar realidades dispares, desde el peso que, hasta la fecha, habían tenido regiones como Asturias (19,3 kt CO2-eq/hab.) o Aragón (11,4 kt CO2-eq/hab.) hasta la concentración de la población en núcleos urbanos en la Comunidad de Madrid y Catalunya.

Hay otras variables que ayudan a contextualizar la posición de partida y el potencial de contribución de cada región a la descarbonización, teniendo en cuenta su territorio. Entre otros, se puede comparar la generación renovable producida en 2020 en cada comunidad, respecto del total de ese, que fue récord en generación renovable, superando el 45% del total.

O atender a la potencia instalada, renovable o fósil, en cada región, lo que dimensiona los esfuerzos y los retos de descarbonización en materia energética de las diferentes regiones.

Preocupante retraso en la planificación autonómica y disparidad en la ambición climática

Las comunidades y ciudades autónomas tienen competencias transferidas en los sectores más emisores en España: transporte y movilidad, industria, agricultura y también en cuanto a planificación del despliegue renovable en el país, dado que se encargan de pasos clave como el impacto ambiental de gran parte de los proyectos. Es por ello que el propio Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050, los dos principales instrumentos para que España sea neutra en emisiones en 2050 y cumpla con el Acuerdo de París, cuentan con las comunidades y ciudades autónomas para el desarrollo de buena parte de sus acciones.

En este contexto, resulta fundamental que las regiones organicen el trabajo que, con arreglo a sus competencias, han de realizar para contribuir a la reducción global de emisiones y la conservación de la biodiversidad, fundamental –como sumidero de carbono y barrera de protección frente a los impactos climáticos- para lograr la necesaria neutralidad climática.

• Solo cuatro leyes autonómicas climáticas en vigor

En estos momentos, solo cuatro comunidades cuentan con ley sobre cambio climático, Catalunya, Andalucía, Illes Balears e Islas Canarias, todas ellas anteriores a la ley nacional aprobada el pasado mes de mayo. Otras seis regiones trabajan en un texto -Aragón, Comunitat Valenciana, La Rioja, Navarra, Euskadi y Castilla y León), mientras que las nueve restantes (incluidas las dos ciudades autonómicas) no han manifestado intención, por el momento, de desarrollarla.

• Todavía hay siete regiones que no cuentan con planificación autonómica específica en materia de clima y/o energía con objetivos específicos a 2030

Con independencia de contar con norma en vigor, las regiones están recurriendo al instrumento de los planes estratégicos para desarrollar la necesaria normativa climática y energética y organizar sus hojas de ruta hacia la descarbonización de sus territorios. Los analistas del proyecto Unify y SEO/BirdLife destacan el alarmante retraso de las planificaciones regionales. A punto de concluir el primer año de vigencia del PNIEC, todavía siete regiones no cuentan con planificación actualizada en materia climática y/o energética con horizonte 2030. Antes de 2020, seis aprobaron sus estrategias frente al cambio climático a 2030 (Cantabria, Comunitat Valenciana, Región de Murcia y Aragón) y a 2050 (Euskadi y Navarra). En 2021, otras dos ya cuentan con plan de acción climática a 2030 (Andalucía y Extremadura) y una más con estrategia energética para el año 2030 (Castilla La Mancha). Por su parte, Illes Baleares, aunque no cuenta con planificación específica, sí establece objetivos a 2030 en su ley del clima aprobada en 2019.

De las siete regiones que todavía no presentan planificación, dos ya ultiman sus documentos con horizonte 2030 (Madrid y Canarias), mientras que otras dos han iniciado o anunciado próximos pasos para definir sus hojas de ruta (Asturias y La Rioja). Aunque Galicia aprobó en 2019 una Estrategia Gallega de Cambio Climático y Energía 2050 (EGCCE), pero no contempla objetivos concretos de descarbonización a 2030.

Cuando se analizan los planes autonómicos se aprecia una gran disparidad en la estructura del texto y en los datos que contienen. Además de variar en los indicadores empleados, los objetivos autonómicos tienen en cuenta distintos años de referencia, lo que dificulta poder establecer una comparativa entre comunidades o el determinar la coherencia y alineación con los objetivos nacionales:

“El observatorio climático del proyecto Life Unify evidencia que se pueden dar pasos gigantes en la reducción de emisiones con voluntad política. Las restricciones derivadas de la pandemia han mostrado como se pueden tomar en poco tiempo decisiones decisivas y trascendentales para afrontar una crisis inesperada, ya sea sanitaria, económica o ambiental. En 2020, España ha experimentado una bajada extraordinaria de las emisiones de gases de efecto invernadero, que por primera vez se sitúan por debajo del valor del año de referencia 1990, pero no todas las regiones han respondido de igual manera”, señala Ana Márquez, responsable del Proyecto Unify en SEO/BirdLife.

Y concluye: “Todavía queda mucho camino por recorrer para alcanzar la neutralidad climática en 2050 y estar en línea con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París. Es fundamental que las comunidades autónomas actúen con corresponsabilidad y lideren la senda de descarbonización en sus regiones, y que se planteen incluso ir más allá del PNIEC estableciendo unos objetivos climáticos y energéticos más ambiciosos. Para ello, todas ellas deben contar con una planificación adecuada en materia de clima y energía, coherente con la normativa vigente y adaptada a la realidad de sus territorios, que respete el medio natural y la conservación de biodiversidad y que tenga en cuenta a las comunidades locales para no dejar a nadie atrás.”

ver: OBSERVATORIO CLIMÁTICO